lunes, 10 de marzo de 2008

¿Qué legisladores necesitamos?

A raíz de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la República, diversas reflexiones se hicieron en torno a la necesidad de cuidar el perfil de quienes aspiran a ser diputados, y en tales reflexiones no faltaría la afirmación de exigir que quienes aspiren a serlo cumplan con un perfil académico y profesional que garantice que harán un buen papel.
El tema es bastante provocador, puesto que entraña temas que han formado parte de la discusión jurídica y política de este país desde hace muchos años. Se trata de temas recurrentes como las cualidades de los representantes populares (diputados y senadores), cuestión ésta que fue ampliamente debatida por los constituyentes del 56-57; la exigencia institucional (y lógica) de un cuerpo de asesores parlamentarios que doten de tecnicidad a la labor creativa del cuerpo legislativo y que constituya una garantía respecto del contenido de las normas, erradicando de paso algunas prácticas “laborales” que no han beneficiado ni a los órganos legisferantes ni a la ciudadanía; el reconocimiento de un marco jurídico olvidado o soslayado como es la posibilidad de que los cuerpos legislativos puedan solicitar a los órganos encargados de la aplicación de las normas que se crearán o modificarán una opinión sobre las mismas; así como la posibilidad de instituir mecanismos que prevengan la creación de normas defectuosas, inviables o ineficaces. Todos estos temas bordean la discusión sobre la creación de normas legales que sean constitucionales, pero, y hay que recalcarlo, no sólo esos temas.
Quisiera ocuparme del primer tópico: ¿cuál es el perfil deseable de nuestros diputados? Debo adelantar que no estoy a favor de pensar que los legisladores deban tener un perfil o que deban contar con una carrera (mucho menos que sean doctores en derecho constitucional, como pretendía la senadora Minerva Hernández Ramos, en su propuesta de reforma al artículo 95 de la Constitución federal, recién rechazada por el Senado mexicano).
Las legislaturas son por regla general espacios de representación, son órganos representativos, así, al menos formalmente en nuestro país, las cámaras de diputados representan a la población, al pueblo, mientras que el Senado representa a las entidades federativas (discusión aparte es saber si nos sentimos representados o si no, hoy día, los únicos representados son los partidos políticos).
Conforme con la idea de representación, deben reflejarse los intereses sociales y opiniones políticas en los órganos representativos. La representación idónea es aquella que cumple con ciertos parámetros que los estudiosos han identificado como representación para todos y representación justa. La primera consiste en que todos los grupos estén representados y la segunda que dicha representación sea acorde con la importancia que cada grupo tiene en el cuerpo social.
En el caso de los diputados, si exigiéramos un perfil único tendríamos un órgano legislativo que carecería del principio básico de representatividad. Quizá los abogados pensarían que el perfil ideal es el de un jurista; otros profesionistas pensarían en otras profesiones. Para mí, lo importante de un diputado, lamento contrariar la opinión de muchos amigos, no es precisamente que sepan derecho, o que sean abogados, o que sepan redactar una excelente ley. Lo importante de los diputados es que nos representen dignamente y que entiendan que hacer leyes es un arte al servicio de quienes representan.
Lo importante es que los diputados entiendan por qué el pueblo que representan les entrega un abultado cheque cada quincena y además les otorga importantes recursos materiales para contar con un cuerpo profesional de asesores que apoyen sus tareas legislativas, además de contar con un órgano técnico para la realización de estudios e investigaciones en torno a los temas que les interesan.
En el siglo XIX se discutía si era preciso limitar el principio de representación. En el congreso constituyente de 1856-1857, el Estado de Guerrero estaba representado por Ponciano Arriaga. El 26 de septiembre de 1856, al discutirse el artículo relativo a las cualidades de quien aspiraba a ser diputado, Francisco Zarco señala que Ponciano Arriaga subió a la tribuna y expresó que “para servir bien al país se necesita más patriotismo, más amor, más conciencia que capacidad e instrucción. Es sabido que el amor realiza más prodigios que la misma inteligencia”. El mismo Zarzo, en la sesión mencionada había afirmado que “para que el sistema representativo sea la verdadera expresión de la democracia, el sistema electoral debe fundarse en este principio: Todo ciudadano es elector y elegible”.
El diputado debe tener liderazgo. Es más, lo ideal sería elegirlos por eso (no por las cualidades o cantidades que un grupo político ha puesto en él), por ser líder. Si sabe leer y escribir, si es un sabio jurista o un reputado profesional, saldrá sobrando si tiene liderazgo, pues tal cualidad implicará el compromiso del que hablaba Ponciano Arriaga. Si es líder tendrá la humildad para aceptar sus limitaciones y se rodeará de hombres inteligentes que den forma a sus pensamientos y se dejará guiar en aquellos laberintos que no conoce.
Por eso, en anterior colaboración les recomendaba a los diputados que leyeran las constituciones y se rodearan de buenos asesores. ¿Eso es suficiente? Por supuesto que no, debo admitir que eso es el principio. Los buenos asesores de nada sirven si el gobernante no tiene la capacidad de oír a quien le asesora, si no tiene la capacidad de atender los límites que la lógica y la realidad constitucional o legal le imponen. Un buen asesor que no es escuchado es lo más lamentable para la vida pública.
Me gustaría explayarme en este tema, pero los límites de esta colaboración son estrechos. Al menos afirmo mi posición, debemos reconocer que cualquiera puede ser diputado.Quedan pendientes los otros temas que arriba fueron mencionados, pero también creo, que está pendiente de discusión el papel que debe desempeñar la academia y la sociedad civil en los procesos legislativos, así como los mecanismos de control para la labor legislativa. Estamos en presencia de un tema de cultura jurídica, mismo que preocupa tanto a los operadores jurídicos como a la ciudadanía en general, y sobre ello habría que abundar.

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